Explotación, contratos fraudulentos, malos tratos y despidos irregulares son algunas de las situaciones que afectan a los docentes de muchos colegios subvencionados, entre los cuales el Samca Arumanti de Iquique representa un caso emblemático.
El presidente del Colegio de Profesores, Jorge Pavez, junto al vicepresidente, Darío Vásquez, y la representante del sindicato de maestros del Liceo Samca Arumanti de Iquique, Lorena Gallardo, hicieron un llamado al Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, para que intervenga y fiscalice la administración de los recursos públicos destinados al sector particular subvencionado.
Los dirigentes del Magisterio denunciaron a la opinión pública las pésimas condiciones de trabajo, explotación, malos tratos, contrato de trabajo fraudulentos, el no pago de bonos y gratificaciones legales, además de liquidaciones de sueldo poco transparentes, por parte de la sostenedora del Liceo Samca Arumanti, Amelia Espinosa.
“Este caso demuestra como operan en la impunidad personas que no están en condiciones de administrar la subvención estatal y menos de propiciar una educación de calidad para los estudiantes. Esperamos que la Contraloría General aplique todo el rigor de la ley a todos los sujetos inescrupulosos que siguen enriqueciéndose con la plata de todos los chilenos y chilenas”, señaló Jorge Pavez.Lorena Gallardo, quien trabajó hasta enero del años 2005 en el establecimiento educacional de Iquique cree que la principal situación que afecta a sus colegas es el daño psicológico generado por la sostenedora producto de los malos tratos, el sometimiento a cargas horarias irregulares y los continuos despidos de los maestros.
Asimismo, recordó que “a 100 años de la conmemoración de la Matanza de Iquique, donde miles de trabajadores vieron vulnerados sus derechos, hoy persiste este tipo de atropellos, que si bien no utilizan la fuerza física, dejan en evidencia los abusos, la explotación y el desamparo de los profesores”.
Jorge Pavez explicó que como consecuencia de este conflicto se presentaron en forma simultánea a la Secretaria Regional Ministerial de Educación de Iquique, a la Contraloría General de la República y a la Dirección Regional del Trabajo, treinta y tres denuncias gravísimas respaldadas con documentación.
A esto se suma dos encuentros con la Ministra de Educación, Yasna Provoste, quien se comprometió en el mes de agosto a resolver a la brevedad las irregularidades. Semanas después, esta dependencia del Estado acogió sólo parcialmente las solicitudes de sanción.
Durante el encuentro, el vicepresidente del Magisterio, Darío Vásquez, hizo mención de los casos que afectan a los colegios de Viña del Mar Ciudad de Paz y Jerusalén. “En mayo de 2006 la Sociedad Educacional SODEC Ltda. caducó, no obstante, la sostenedora Cecilia Guzmán continúo recibiendo la subvención del Estado, caso que estaba en conocimiento del seremi de Educación de la Región de Valparaíso, Cristian Rojo”.
Esta situación fue denunciada por los dirigentes del Colegio de Profesores, lo que generó el nombramiento de un administrador provisorio decretado por el representante de la repartición estatal. Pese a esta medida la intervención del empleado público fue nula, lo que a juicio de Darío Vásquez “demuestra la escasa voluntad y fiscalización de las autoridades de gobierno a nivel regional” .
